ASPECTOS LEGALES DE LA TELEFONÍA EN MÉXICO.
Puede afirmarse que las telecomunicaciones en México tienen una política reciente si consideramos que hace apenas siete años fueron reclasificadas como una actividad prioritaria, en la cual el mercado asume las responsabilidades de crecimiento, inversión y desarrollo tecnológico, bajo una rectoría que se encamina a mantener el dominio público de las vías a través de las cuales transita la información.
Este nuevo esquema comenzó a construirse en 1995 con una reforma constitucional y su respectiva ley reglamentaria. Sin embargo, quedaron vigentes algunas partes de la antigua política sobre todo las dictadas en 1940 en el campo de las sanciones y de los compromisos que el país había adquirido desde 1973 con instituciones multilaterales que regulan las comunicaciones entre territorios nacionales.
Las partes del nuevo escenario fueron construyéndose no sin demoras y con insufiencias marcadas en algunos renglones álgidos como es el caso de las normas oficiales mexicanas. Los avances alcanzados son variables, según sea el renglón que se quiera analizar, pero en términos generales es evidente que estamos en una fase de consolidación porque ya transcurrió el tiempo suficiente para evaluar el resultado de las nuevas reglamentaciones, subsanar las inconsistencias que todavía prevalecen y acabar de establecer las regulaciones faltantes.
Telecomunicaciones. Bajo este rubro se localiza la legislación de aplicación general en el mercado de las telecomunicaciones. Aquí están las disposiciones jurídicas que dan atribuciones a la SCT y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, las resoluciones de ésta, el programa sectorial, los tratados con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Internacional de Telecomunicaciónes Móviles por Satélite, los convenios bilaterales, los reglamentos para personal especializado y, por supuesto, la ley federal de telecomunicaciones con el reglamento de 1990.
Este reglamento aunque vigente en todas sus partes ha sido un renglón olvidado de la autoridad a la luz de la ley de 1995, porque no se sabe a ciencia cierta cuales de sus partes se contraponen con la nueva generación de regulaciones en la comunicación vía satelite y en el servicio telefónico local.
Vías generales de comunicación. En este renglón sobresalen las disposiciones constitucionales que establecieron en 1960 el dominio directo de la nación sobre el espacio aéreo y la ley de vías generales de comunicación, en cuyos capítulos vigentes se determina el régimen de concesiones y permisos, las atribuciones gubernamentales en materia de inspección y vigilancia, las figuras del dominio público de la Federación y las sanciones por el uso indebido de estas vías, en especial las llamadas comunicaciones eléctricas. Dicha ley recoge una rica experiencia de 62 años en la materia.
Comunicación por satélite. Aquí la importancia se inicia en los años setenta cuando el país ingresa a la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la obtención de posiciones orbitales. La gran necesidad de recursos financieros y tecnología que requería el Estado a fin de evitar el rezago en este punto fue el motivo inmediato de la reforma constitucional que abrió a la empresa privada el mercado mexicano de las telecomunicaciones.
Ello se tradujo también en un grupo destacado de requisitos y atribuciones de la autoridad, dentro de la ley federal de telecomunicaciones, para lograr la reciprocidad en las relaciones económicas con otros países y con las empresas multinacionales de la comunicación satelital.
No hay que olvidar los acuerdos alcanzados con la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, conocida como INTELSAT, los protocolos con EEUU y Canadá de transmisión y recepción de señales para la prestación de diferentes servicios, así como el reglamento de 1997 de comunicación vía satélite. Esta instrumentación se ha llevado a cabo con impactos sobresalientes en los servicios televisivos, de radiodifusión y de la publicidad.
Redes de telecomunicaciones. Bajo este rubro se encuentran el TLC, en su capítulo XIII relativo a telecomunicaciones, diversos acuerdos que reglamentan la ley federal de telecomunicaciones, resoluciones de la COFETEL que regulan la información contable por servicio de redes públicas de telecomunicaciones y diversas normas oficiales mexicanas. Es legislación para uno de los renglones más dinámicos del mercado de las telecomunicaciones.
Espectro radioeléctrico. Si bien es cierto que las principales disposiciones que regulan el espectro radioeléctrico se encuentran en la ley federal de telecomunicaciones, desde 1977 se han emitido diversos decretos y acuerdos secretariales que atribuyen bandas de frecuencias para una amplia gama de aplicaciones: servicio fijo y móvil, sistemas radioeléctricos, servicio fijo multicanal, sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos, teléfonos inalámbricos, estaciones radiotelefónicas y uso libre.
También existen acuerdos con EEUU para el uso de bandas de frecuencia específicas en la frontera común pero sobresale el cuadro nacional de atribución de frecuencias que es un verdadero mapa de las oportunidades de inversión para la radiocomunicación y que se ha traducido en un intenso concesionamiento de bandas de frecuencia.
Radiocomunicación. Los servicios de este género, íntimamente vinculado con las redes, la comunicación vía satélite y el servicio telefónico, se rigen por el hoy todavía vigente reglamento de telecomunicaciones de 1990, el decreto de promulgación del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, el convenio con EEUU relativo al uso de bandas por los servicios terrenales de radiocomunicaciones y sus protocolos, así como un reglamento de 1953 y varios acuerdos secretariales, que en el curso de las últimas 2 décadas han orientado el desarrollo de este segmento del mercado.
Servicio de aficionados. Se trata de un apartado de pocas regulaciones que, sin embargo, incluye un convenio interamericano sobre el servicio de aficionados, promulgado en 1989, a fin de extenderlo en forma temporal, dentro del territorio de los países miembros de la OEA.
Servicio telefónico. Su importancia deriva del hecho de que es un medio para conducir no sólo voz sino también datos, texto e imagen. Desde 1995 el mercado del servicio telefónico requirió de nuevas reglas.
Para establecerlas y hacerlas funcionales fueron necesarios 6 años en los cuales se han emitido regulaciones trascendentes como son las relativas a la interconexión de los variados servicios prestados por diferentes empresas, particularmente la señalización y la numeración; la reglamentación de los servicios de larga distancia nacional e internacional, local y de telefonía pública; la supervisión y control de las operaciones de Teléfonos de México SA, bajo el supuesto de que opera en condiciones de prácticas monopólicas; y las normas oficiales mexicanas para el uso eficiente del espectro radioeléctrico, los equipos telefónicos y los servicios conexos.
LOS CAMPOS VINCULADOS.
La legislación que define y sustenta la política de telecomunicaciones está inmersa en procesos más amplios de modernización y apertura. Existen otras áreas de las políticas públicas cuyos marcos jurídicos condicionan la legislación sobre la materia.
Concretamente se trata de las reglas jurídicas relativas a la inversión extranjera, régimen fiscal, servicio postal, libre concurrencia y monopolios, metrología y normalización, comercio exterior, bienes nacionales, radio y televisión, así como la política penal.
Se trata de nueve campos que envuelven al marco jurídico de las telecomunicaciones. Su legislación da la pauta para la disponibilidad de equipo, las restricciones impositivas, la estandarización en la calidad de aparatos, la explotación del espectro, la operación de los grandes usuarios como son los medios de comunicación social, el uso intensivo del comercio electrónico, el acceso generalizado a la información gubernamental y las sanciones por el empleo indebido de las telecomunicaciones.
Algunos de estos campos tienen una gran movilidad como es el caso del comercio exterior, ya que en promedio cada 3 meses se publican disposiciones que modifican los aranceles sobre equipo electrónico que se usa en las telecomunicaciones, derivado de compromisos de los diferentes tratados comerciales firmados por el gobierno de México.
INTEGRACIÓN ECONÓMICA.
Las telecomunicaciones son probablemente una de las actividades que más influirá en los modos de producción y en las relaciones sociales, en el futuro inmediato. De hecho, sus efectos ya son evidentes en aquella parte de la economía y de la sociedad mexicanas que se moderniza y se inserta en los procesos de globalización.
Cualquier proceso de revisión de la legislación requiere tomar en cuenta una evaluación de las oportunidades creadas por disposiciones legales que dan sustento a un mercado que se diseñó para ser libremente concurrido y promotor de la modernización de la economía.
El grueso de las oportunidades de inversión se localiza en tres ordenamientos: el reglamento de 1990, la ley federal de telecomunicaciones y el tratado de libre comercio de América del Norte, capítulo XIII. Tan sólo la ley fija condiciones para dar seguridad a las alianzas estratégicas, la comunicación por satélite, las concesiones administrativas, los convenios de interconexión de redes públicas, la explotación del espectro radioeléctrico, evitar operaciones de mercado relevante y las redes públicas de telecomunicaciones. Son básicamente restricciones encaminadas a procurar la libre concurrencia, la competitividad y la calidad de los servicios.
LEGISLACION ESTRATEGICA.
De los 179 ordenamientos jurídicos que dan forma al marco jurídico de la política de telecomunicaciones, seis son el centro sobre el cual gira el resto de la legislación. Cada uno de éstos establece atribuciones para la autoridad, prohibiciones, requisitos, definiciones, sanciones, registros, plazos, etc., que se han identificado a fin de medir la magnitud de las restricciones, los estímulos y las condicionantes a los que se enfrentan los actores del mercado.
Esta legislación estratégica, en su conjunto, se caracteriza por el predominio de artículos que contienen atribuciones de la autoridad y requisitos, lo que muestra una política más restrictiva de lo que se piensa en la apertura y concurrencia del mercado.
La ley federal de telecomunicaciones es la legislación de corte más propositivo. Como ordenamiento reglamentario de la reforma constitucional de 1995, que tranfiere la comunicación vía satélite de las áreas estratégicas a las prioritarias, se orienta a fijar los lineamientos de política, los requisitos, los plazos y las atribuciones de la autoridad en la comunicación vía satélite, la explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomuniicaciones y la operación de las empresas comercializadoras de servicios, a través de las concesiones y permisos.
RECIPROCIDAD GLOBAL.
La importancia de los tratados internacionales se acentúa con los procesos de apertura de las economías. A la fecha existen tratados sobre telecomunicaciones, en cinco de los nueve apartados en que se ha dividido el análisis del marco jurídico: telecomunicaciones, comunicación por satélite, redes de telecomunicaciones, radiocomunicación y servicio de aficionados.
Son recientes los tratados sobre telecomunicaciones que están vigentes. Datan de 1973 al adherirse el país a la organización INTELSAT. La mayoría de ellos son multilaterales y sólo existen convenios celebrados con pocos países.
Las necesidades de tecnología y de capital, hacen de esta reciprocidad una condición para incorporarse al desarrollo vertiginoso de este sector y, más concretamente, para aprovechar sus beneficios económicos y culturales. Se han vuelto una razón de Estado.
El sólo hecho de que la ley condicione la asociación entre empresas mexicanas y extranjeras dueñas de sistemas satelitales, a la existencia de tratados, hace indispensable conocer las reglas internacionales que reglamentan las telecomunicaciones, para identificar los parámetros sobre los que deben diseñarse los nuevos convenios que el gobierno federal está obligado a promover.
NOTA.
HASTA LA PRÓXIMA :)
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